¿Quién vigila y quién castiga a los dirigentes estudiantiles de San Marcos?: Crónica de una imputación anunciada

Treinta años de cárcel pide el Ministerio Público para dos exdirigentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por el “secuestro” de dos agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú que durante la tarde del 28 de agosto de 2013 se infiltraron en una asamblea de estudiantes para investigar un presunto caso de apología al terrorismo, siendo identificados y aprehendidos por una muchedumbre de sanmarquinos. 

¿Cómo se está llevando a cabo el juicio? ¿Quiénes son los verdaderos responsables en este caso? ¿Quién vigila a la Decana de América? Descúbralo en la siguiente crónica.


Los hechos materia de imputación

Aproximadamente a las ocho de la noche del 28 de agosto del año 2013, tres disparos al aire irrumpieron la tranquilidad que debía reinar en la universidad de Jorge Basadre, César Vallejo, Ruth Shady, José María Arguedas, Blanca Varela, Mario Vargas Llosa y de tantos otros peruanos ilustres.

Algo peor que el incremento de la delincuencia común –principalmente, robos y asaltos‒[1], ocurría dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM): la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI-PNP) había enviado a sus agentes a investigar un presunto caso de apología al terrorismo en el marco de una asamblea general de gremios (AGG), órgano de coordinación de los representantes de los centros federados[2], donde fueron descubiertos y aprehendidos por los estudiantes.

Demás está decir que dicha asamblea incomodaba a Pedro Cotillo, el rector defenestrado por los propios estudiantes en el año 2016[3], pues en ella iba a discutirse el asunto de los decanos interinos[4] y el proyecto de la nueva ley universitaria –conocida también como “Ley Mora”–[5].

El dueño del arma de fuego, luego de efectuar los disparos, huyó hacia la puerta número 2[6] de la UNMSM, seguido por un grupo de más de cien estudiantes. Al ver esta escena, el más osado de los dos vigilantes de dicha puerta, forcejeó con el sujeto, logrando desarmarlo y procediendo a incautar una pistola Baikal calibre 38 abastecida con siete cartuchos, junto a un carné que lo identificaba como el suboficial de tercera en actividad PNP Roghell Abraham Medina Llaja. Así, mientras que el personal de seguridad de la universidad reportaba los objetos hallados, los estudiantes retenían con violencia al agente Medina Llaja, exigiendo la presencia del representante del Ministerio Público.

Pero el agente Medina Llaja no fue el único policía infiltrado ese día en San Marcos: también estaba un efectivo policial que no fue identificado en el proceso y el suboficial de primera en actividad PNP Jilmer Alexander Muñoz Izarra, todos miembros del “Departamento Contra el Terrorismo” de la Dirección de Inteligencia de la PNP (DIRIN-PNP), una de las dependencias adscritas a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI-PNP)[7]. El agente Muñoz Izarra también fue aprehendido por los estudiantes, aunque durante un breve lapso de tiempo, pues para ese momento el fiscal de turno Victor Rossel Espino ya se encontraba dentro de la universidad.

Todos vimos esa noche en las noticias a más de un centenar de sanmarquinos indignados esperando la llegada del representante del Ministerio Público y mostrando ante las cámaras al autor de los disparos[8], sin embargo, poco se sabe de los sucesos anteriores y posteriores a dicha escena. Por ejemplo, la prensa ha guardado silencio sobre los treinta años que pide el fiscal para los exdirigentes estudiantiles Y. A. C. P. y A. M. Q. G., como señala Wilfredo Robles Rivera, el actual abogado de uno de ellos.

A propósito de los hechos, esa misma noche, las instituciones involucradas emitieron sendos comunicados. Por un lado, la UNMSM hizo un tibio llamado al respeto por la autonomía universitaria, negando que el rector Cotillo haya tenido conocimiento de las actividades de los agentes de inteligencia (con lo cual quedaba claro que había sido una operación ilegítima), y sin un ápice de autocrítica por la ausencia de medidas de seguridad dentro de la ciudad universitaria[9]. Y, por el otro, la PNP emitió un escueto comunicado señalando que el incidente se dio en el contexto de una investigación contra estudiantes afiliados al Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), por lo que «deploraban» la actitud de los estudiantes que retuvieron a dos de sus agentes, poniendo en conocimiento de la ciudadanía que formularían las denuncias correspondientes[10].

Así, fueron dos los estudiantes sanmarquinos denunciados por la PNP, al igual que los dos vigilantes de la casa de estudios, por los delitos de secuestro agravado y desobediencia a la autoridad, respectivamente. Sin embargo, durante el proceso penal se determinó que los agentes de seguridad de la UNMSM no incurrieron en delito en tanto se limitaron a desarmar al sujeto que portaba arma de fuego, acto legítimo dentro del ejercicio de sus funciones, por lo que a juicio solo llegaron los estudiantes.

Concretamente, el dictamen fiscal emitido a la Sexta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima señaló «haber mérito a pasar a juicio oral» por el delito de secuestro agravado[11] imputado a los procesados Y.A.C.P. y A. M. Q. G. (a la fecha, egresados de las especialidades de psicología y antropología, respectivamente), quienes, en su calidad de dirigentes, habrían dirigido a la turba de estudiantes que agredieron físicamente y privaron de su libertad a los efectivos policiales Jilmer Alexander Muñoz Izarra y Roghell Abraham Medina Llaja. ¿La condena solicitada?: treinta años de cárcel.

Pero, ¿qué pasó realmente dentro de la Decana de América? ¿Quiénes son los verdaderos responsables en este caso?

El novato enviado por la Dircote

Aquel día, el Departamento Contra el Terrorismo habría llevado a cabo su irregular labor de inteligencia en la UNMSM con la tranquilidad de siempre, sino fuera porque a uno de sus agentes infiltrados, «le ganaron los nervios».

Y es que, según lo dicho en el juicio por algunos de los estudiantes que participaban en la asamblea general de gremios, pudieron identificar que el agente Roghell Abraham Medina Llaja estaba filmando la reunión por su actitud nerviosa cuando se le consultó a qué especialidad pertenecía. Según el acta de visualización de vídeo, remitido por un medio de comunicación, se escucha a Medina Llaja decir “hice disparos en defensa propia […] cuando me golpearon [los vigilantes] me lo quitaron [el arma]”. 

Lo más llamativo es que, al ser entrevistado por el fiscal, el propio Roghell Abraham Medina Llaja declaró que llevaba ocho meses prestando servicio en la DIRIN PNP, razón por la cual no había recibido la correspondiente capacitación en las labores de inteligencia de dicho órgano, la cual se brinda a partir del primer año de servicio; y que era la primera vez que ingresaba a la universidad y hacía una labor de esa naturaleza, por mandato de su superior, el capitán PNP José Gutierrez García, quien en ese entonces se encontraba a cargo del Departamento Contra el Terrorismo.

Una diligencia espuria, y otros llamativos detalles del juicio

Ahora bien, la imputación contra los dos sanmarquinos se sostiene en el acta de una diligencia de visualización de un video de tres minutos aproximadamente, donde los policías agraviados «identifican» a los dos jóvenes procesados como los que azuzaron a sus compañeros a atacarlos y retenerlos. Es decir, el único medio probatorio que sostiene este proceso de casi seis años de duración, es la sindicación de los agentes al ver el video, en una diligencia que no contó con la presencia de los imputados ni con la defensa técnica de estos.

Los abogados defensores han querido acceder a la fuente original (el video) en reiteradas ocasiones, sin embargo, las autoridades les informaron recientemente que el archivo que lo contiene se encuentra «dañado». El derecho constitucional a la defensa es, en este caso, letra muerta. 

Por otro lado, nuestras fuentes señalan que el juicio se viene llevando a cabo de forma bastante llamativa, por decirlo menos, pues una de las vocales de la Sexta Sala Penal Superior, la Dra. Meza Walde, llegó a preguntarle a uno de los estudiantes «qué hacía reunido esa noche en vez de estudiar», lo cual podría considerarse un adelanto de opinión que el sistema de justicia no permite en estos casos, y que, por lo demás, es otra muestra de cómo se desprecia y mira con sospecha la actividad política realizada por los jóvenes dentro de las universidades del país. 

Al cierre de este reportaje, tenemos conocimiento de que ya declararon los procesados y sus testigos, refrendando la tesis de que ninguno de los dirigentes estudiantiles estuvo presente en el momento en que se restringió la libertad de los agentes infiltrados; mientras que ninguno de los agraviados se ha hecho presente en el juicio oral. 


[*] Un agradecimiento muy especial a Lynda Fernández y Enrique García.

[1] El más reciente suceso de inseguridad ciudadana acaecido en la UNMSM antes de los hechos, fue el día 19 de agosto de 2019 cuando dos alumnos de la Escuela de Arte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas se trasladaban hacia la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y fueron interceptados por un delincuente armado, quien los obligó a entregarle sus pertenencias. Ver: https://peru21.pe/lima/delincuente-asalta-dos-estudiantes-universidad-san-marcos-121069 

[2] Por esa fecha, la Federación de Estudiantes de la UNMSM (FUSM) no se había recompuesto aún, por lo que las asambleas de gremios funcionaban como el único espacio de coordinación de los estudiantes organizados.

[3] En diciembre del 2016, los estudiantes sanmarquinos tomaron la ciudad universitaria en protesta por la intención de Pedro Cotillo de quedarse en su cargo académico. Ver: https://redaccion.lamula.pe/2016/01/05/portadasdeldia-pedro-cotillo-ya-no-es-mas-rector-de-san-marcos/manuelangeloprado/

[4] El texto escrito bajo el seudónimo de Olivier Le Blanc, “Los dueños de San Marcos: Apuntes para una historia crítica de la infamia” (Ediciones El Inca, 2016), describe de manera documentada la red criminal de corrupción liderada por Pedro Cotillo dentro de la universidad.

[5] Sobre la Ley Universitaria, ver: https://elcomercio.pe/politica/congreso/nueva-ley-universitaria-10-puntos-claves-debes-conocer-168161

[6] Respecto a este punto, la fiscalía ha considerado que los hechos ocurrieron en la puerta 3 de la UNMSM.

[7] La DINI es el órgano rector especializado del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y tiene a su cargo la producción de inteligencia y ejecución de medidas de contrainteligencia, en los campos o dominios no militares de la seguridad nacional, según el artículo 8 de la Ley N° 28664.

[8] Sobre la cobertura de los medios de comunicación, ver: https://redaccion.lamula.pe/2013/08/28/estudiantes-de-san-marcos-mantienen-retenido-a-policia-que-disparo-en-el-campus/jorgepaucar/, https://capital.pe/actualidad/san-marcos-estudiantes-detienen-a-agentes-de-inteligencia-noticia-626281

[9] El comunicado de la UNMSM está disponible en el siguiente enlace: http://www.unmsm.edu.pe/archivos/comunica_.pdf

[10] El comunicado de la PNP está disponible en el siguiente enlace: https://lamula.pe/media/uploads/576f955b-a78c-4dfc-bfd0-838f36a789e5.jpg . Luego del incidente en la UNMSM, separaron a jefe de la Dirección de Inteligencia de la PNP, ver: https://larepublica.pe/politica/735082-separaron-a-jefe-de-la-direccion-de-inteligencia-de-la-pnp-por-el-incidente-en-san-marcos

[11] El código penal peruano tipifica el delito de secuestro agravado en los siguientes términos: «Articulo 152.- Secuestro. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de treinta años el que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia a tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad. La pena será no menor de teinta años cuando: (…) 3. el agraviado o el agente es funcionario o servidor publico.»

Escrito por Angela Padilla Trinidad
Artículo publicado en www.radicaleslibres.pe