Libertad de expresión en tiempos del #Metoo (I): Un balance de las respuestas tentativas del legislador peruano

Ante la avalancha de testimonios en redes sociales donde presuntas víctimas de violencia de género señalan a sus agresores, el legislador peruano busca “soluciones”. Es por eso que, recientemente, fueron presentados dos proyectos de ley que involucran fórmulas opuestas de regulación del derecho a la libertad de expresión en redes sociales. Así, de aprobarse el proyecto de ley N° 04275/2018-CR, tales expresiones configurarían el delito de difamación agravada con una pena privativa de la libertad de hasta siete años; mientras que, de aprobarse el proyecto de ley N° 04184/2018-CR, serían reguladas como mera infracción al honor en el ámbito civil.


En la gran “aldea global”, un hashtag puede significar los escarceos de una revolución, como ha sucedido con el movimiento #MeToo (#YoTambién). Y el Perú no es la excepción: desde hace un par de años, una numerosa cantidad de actores, literatos, músicos, periodistas y políticos, entre otros personajes con notoriedad pública, vienen siendo denunciados a través de las redes sociales -personales y/o de colectivos feministas-, por cometer diversos actos de violencia de género –desde acoso hasta violación sexual-.

La lógica detrás del fenómeno es –aparentemente- sencilla: dado que el camino del sistema de justicia es tortuoso porque se juzga desde el machismo institucionalizado y, otras veces, simplemente es inútil por la falta de pruebas de cargo o porque el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos imputados impide la acción penal; a la víctima solo le queda el descargo de su dolor e indignación vía internet.  

Es cierto que, en algunos casos, el ejercicio de la libertad de expresión en tiempos del fenómeno #MeToo ha activado exitosamente una investigación por los hechos denunciados, sin embargo, también hay casos en los que los presuntos agresores -clamando la presunción de su inocencia y sus derechos al honor y la buena reputación– interpusieron querellas por difamación contra las denunciantes. 

Entonces, ¿debe estar permitido que una víctima de violencia de género publique su testimonio en redes sociales? ¿Bajo qué parámetros?

Como posibles respuestas a esta crucial interrogante tenemos los recientes proyectos de ley N° 04275/2018-CR y N° 04184/2018-CR, presentados por los grupos parlamentarios Cambio 21 y Bancada Liberal, respectivamente, cuyas propuestas oscilan entre la criminalización de los testimonios públicos como “difamación agravada” y su regulación civil como “infracción contra el honor”.

Así, con fecha 3 de mayo del presente año, los congresistas de Cambio 21 presentaron el proyecto N° 04275/2018-CR con el propósito de “regular, como forma agravada del delito de difamación, la utilización indebida de redes sociales para atribuir a una persona, un hecho, cualidad o conducta que pueda perjudicar sus derechos fundamentales al honor y buena reputación”. En estricto, la iniciativa legislativa propone modificar el tercer párrafo del artículo 132 del Código Penal, con el siguiente texto:

        Artículo 132.- Difamación

(…)

Si el delito se comete por medio del libro, la prensa, la red social u otro medio de comunicación similar, la pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de siete años y de ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días-multa.

Lo novedoso de la citada propuesta es que cometerá delito de difamación agravada quien en “redes sociales” (o por medio de libro, prensa u otro medio de comunicación “similar”), difunda una imputación (por ejemplo, de violencia de género), con la potencialidad de perjudicar el honor y la reputación de otro. Con ello se atribuiría –en abstracto- el mismo nivel de daño a la expresión “difamatoria” proferida en un grupo cerrado de un colectivo feminista en Facebook, y a la publicada en un medio escrito de alta difusión. Además, la propuesta legislativa aumenta el rango punitivo de esta modalidad delictiva, en tanto la pena privativa de libertad ya no sería “no menor de uno ni mayor de tres años” (como señala la ley vigente), sino “no menor de cuatro ni mayor de siete años”.

De aprobarse el proyecto, no solo se estaría reiterando el uso del derecho penal como ultima ratio para regular la libertad de expresión (en este caso, de las víctimas de violencia de género); también se estaría valorando el acto comunicativo con una mayor gravedad (sanción de hasta 7 años de pena privativa de libertad), por realizarse a través de las plataformas digitales Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, etc. Legalmente, se mantendría la posibilidad de que la querellada invoque la exceptio veritatis (acreditación o excepción de la verdad) de sus afirmaciones según los supuestos previstos en el artículo 134 del Código Penal[1] para quedar exenta de pena; sin embargo, en la realidad su aplicación sería minoritaria por la dificultad de mantener los medios de prueba idóneos en el supuesto de que la víctima (querellada) se haya armado de valor para contar su historia varios años después de sucedidos los hechos de violencia.

Asimismo, creemos que, con la promulgación de la propuesta legislativa, seguiría vigente el criterio del interés público para permitir que los colectivos feministas –o cualquier tercero- difundan testimonios de violencia de género a través de sus redes sociales. Cabe recordar que la Corte Suprema[2] se ha pronunciado sobre la naturaleza pública de las libertades de información y de expresión, las cuales -al estar vinculadas a la formación de la opinión ciudadana-, amparan las expresiones que incidan en la esfera pública –no en la intimidad personal y familiar- en razón del interés legítimo del público para su conocimiento. Bajo esta lógica, la protección del afectado que sea personaje público o goce de relevancia pública, será inversamente proporcional al interés público que entrañen las expresiones cuestionadas, como -en efecto- tiene todo testimonio de violencia de género hoy (porque lo personal es político).

Por otro lado, desde el 10 de abril del presente año también está en trámite el proyecto N° 04184/2018-CR, una iniciativa de la Bancada Liberal que propone “establecer los procedimientos civiles de rectificación y de sanción de las infracciones contra el honor”, con el objetivo de “fortalecer el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión e información (…) en armonía con el reconocimiento del derecho al honor”.

Concretamente, se remplazaría la regulación penal de la injuria, la calumnia y la difamación, por la regulación civil, estableciéndose:

–           La derogación de los ilícitos penales contra el honor (Título III del Código Penal).

–           Un procedimiento judicial con audiencia única para la rectificación, privilegiando la solución alternativa del conflicto.

–           La exención de la pena ante la rectificación voluntaria del infractor.

–           Un sistema de multas para sancionar las infracciones contra el honor.

Con la aprobación de esta última iniciativa, el legislador peruano no estaría descartando que el testimonio en redes sociales de la víctima de violencia de género pueda configurar una vulneración del honor y la buena reputación; simplemente, ahora la regulación de las libertades de expresión e información tendría carácter civil y se consideraría al acto de difamar como una infracción pasible de sanción económica (multa).   

Encontrar un balance acorde a la Constitución entre el honor y la libertad de expresión es, en tiempos del #MeToo, un reto que interpela a la sociedad entera. Y es una lástima que quienes legislan opten por fórmulas que privilegian el silencio de las víctimas por encima de la deconstrucción del machismo. Dado el panorama actual y futuro –de aprobarse las citadas propuestas legislativas-, serán los jueces de este país quienes tengan el deber de resolver el conflicto entre ambos derechos y aplicar la norma según las particularidades del caso, valorando debidamente si la persona querellada emitió su testimonio “en interés de causa pública o en defensa propia”.  

En mi opinión, el #MeToo no exige una primacía –paternalista- del testimonio de la víctima: lo que busca es abrir el debate sobre los límites del consentimiento en el ámbito sexual, visibilizar la desigualdad social originada por los estereotipos de género, y generar una empatía racionalizada hacia aquellas mujeres que durante gran parte de sus vidas callaron los vejámenes sufridos en razón de su género. Por supuesto, que el foro admita estos tópicos a debate es un arma de doble filo para las feministas, porque los excesos del #MeToo –testimonios falsos, infantilización de las víctimas, banalización de la violencia de género-, también serán objeto del debate, dentro y fuera del movimiento.    

Los testimonios públicos de las presuntas víctimas de violencia de género no son una “cacería de brujas machos” (frase utilizada para alegar la vulneración de las garantías procesales y los derechos constitucionales de los denunciados). Tampoco persiguen la condena jurídica de los agresores. Son desahogos insolentes para el patriarcado y, por lo tanto, una forma de hacer política.

A manera de cierre, me permito usar dos ejemplos:

¿Qué pasa si yo, Angela Padilla Trinidad, digo en voz alta hoy el nombre completo de aquel sujeto -pariente mío-, que abusó sexualmente de mí hace veinte años? Más allá de las lágrimas de ciertos familiares -y quizás una querella hipócrita en respuesta-, jurídicamente, no pasaría nada.

En cambio, ¿qué pasa si aquella amiga muy querida denuncia públicamente a ese histórico docente acosador y, de paso, a la plana mayor de encubridores que lo premian con una oportuna estancia académica fuera del país mientras la investigación en su contra sigue abierta? ¿Primarían los legalismos sobre la verdad? Estoy segura que el panorama ahí sí se tornaría más oscuro para el agresor que para la propia víctima, por el carácter de “figura pública” de aquel a quien -debido al rol social que escogió-, se le exige una mayor tolerancia hacia los cuestionamientos éticos a su honor y prestigio.   

El mundo temblaría si todas denunciáramos al mismo tiempo.


[1] El artículo 134 del Código Penal establece que la veracidad de las imputaciones puede probarse solo en los siguientes casos:

  1. Cuando la persona ofendida es un funcionario público y los hechos, cualidades o conductas que se le hubieran atribuido se refieren al ejercicio de sus funciones.
  2. Cuando por los hechos imputados está aún abierto un proceso penal contra la persona ofendida.
  3. Cuando es evidente que el autor del delito ha actuado en interés de causa pública o en defensa propia.
  4. Cuando el querellante pide formalmente que el proceso se siga hasta establecer la verdad o falsedad de los hechos o de la cualidad o conducta que se le haya atribuido.

Si la verdad de los hechos, cualidad o conducta resulta probada, el autor de la imputación estará exento de pena.

[2] Acuerdo Plenario N° 3-2006/CJ-116 sobre “Delitos contra el honor personal y derecho constitucional a la libertad de expresión y de información”.

FUENTE DE LA IMAGEN: INTERNET.

Escrito por Angela Padilla Trinidad
Artículo publicado en www.radicaleslibres.pe