“Hay duda razonable de que me violó si luego reconoce ser el padre de mi hija”: la valoración del “comportamiento posdelictivo atípico” en caso de violación según el R. N. N° 231-2018-Lima

I. Introducción 

¿Cómo debe comportarse una víctima con su agresor luego de ocurrida la violación sexual? ¿Qué consecuencia jurídica tiene el comportamiento “atípico” de aquella? Estas son las preguntas que surgen luego de leer atentamente el Recurso de Nulidad N° 231-2018-Lima, expedido el 3 de septiembre de 2018 por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República[1], a propósito de la absolución por duda razonable de un procesado por delito contra la indemnidad sexual-violación de menor de edad.

Es de nuestro especial interés la valoración que realiza la Corte Suprema de los comportamientos posdelictivos del procesado y, principalmente, de la agraviada, que, al ser “atípicos” (o “fuera de lo común”), sus tentaron la duda razonable sobre la imputación. Por ello, nuestro texto presenta la siguiente estructura analítica: en la primera parte, reconstruimos el razonamiento judicial recaído en el Recurso de Nulidad N° 231-2018-Lima; luego, en la segunda parte, desmenuzamos el análisis sobre la base de tres ejes temáticos, los cuales son: i) los estereotipos de género en los procesos por violación sexual; ii) la presunción de inocencia y el tratamiento jurídico de la duda razonable; y, iii) la valoración del comportamiento posdelictivo atípico realizada por la Corte Suprema en el caso concreto. Adelantamos que nuestra postura es altamente crítica de la decisión judicial objeto de comentario, y tiene como principal sustento los criterios en materia de justicia penal y género desarrollados por la Comisión y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como lo expresado por la propia Corte Suprema a través del Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 4-2015/CJ-116 y la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2018/CIJ-433.

A manera de advertencia, consideramos necesario expresar que nuestro enfoque del caso proviene del feminismo jurídico, en el marco de la defensa de los derechos fundamentales a la igualdad y a la debida motivación de las resoluciones judiciales en casos de violencia de género, en concordancia con los objetivos institucionales de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial [2].

II. El caso

1. La imputación y las pruebas de cargo actuadas

En el caso que origina el Recurso de Nulidad N° 231-2018-Lima, a Jefferson López Meza se le imputó haber violentado sexualmente a la menor identificada con las iniciales N. C. R. desde que esta tenía trece años de edad, durante el periodo de abril de 2001 a mayo de 2002; como consecuencia de tales actos, la menor quedó embarazada y alumbró a una niña.

Aunque no se precisa la edad del procesado cuando ocurrieron los hechos, sin duda, se trataba de una persona mayor de edad–incluso, por encima del límite de responsabilidad restringida–, caso contrario creemos que la Corte Suprema hubiera considerado relevante señalar dicha condición personal, a efectos de cumplir lo dispuesto en los artículos VIII y 45 del Código Penal.

Según la temporalidad de los hechos materia de imputación, la responsabilidad penal del procesado se enmarcó en el texto del artículo 173 del Código Penal, establecido por el artículo 1 de la Ley N° 27507 (del 13 de julio del 2001), que se reproduce a continuación:

Artículo 173. Violación de menor de catorce años de edad. El que practica el acto sexual u otro análogo con un menor de catorce años de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: (…)
3. Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena será no menor de veinte ni mayor de veinticinco años. Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la pena será no menor de treinta años para los supuestos previstos en los incisos 2 y 33 [3].

En el caso materia del recurso, la agraviada –tanto a nivel preliminar como durante la instrucción y en juicio oral–, sostuvo un relato uniforme y específico sobre el modo y la forma en que fue sometida sexualmente por el procesado cuando tenía trece años y cómo –producto de las violaciones perpetra- das– se convirtió en madre adolescente. En este punto es conveniente traer a colación los criterios para valorar la sindicación tanto del agraviado como del coacusado y el testigo, fijados en el Acuerdo Plenario N° 2-2005/ CJ-116, del 30 de setiembre de 2005, por los magistrados de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes términos:

Tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun cuando sea el único testigo de los hechos, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza serían las siguientes:

a) Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza.

b) Verosimilitud que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria.

c) Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en el literal “c” del párrafo anterior. (fundamento 10)

En el caso, la declaración de la menor, además, fue coherente con lo expresado en la pericia psicológica que se le realizó, donde se concluye que padece de “trastorno de estrés postraumático por violencia sexual y personalidad en fase de estructuración”. La Corte Suprema, al respecto, también ha brindado parámetros de valoración del daño psicológico originado por el delito de violación sexual, mediante el Acuerdo Plenario N° 4-2015/CIJ-116 de fecha 2 de octubre del 2015, donde se establece que:

[La violencia sexual] genera un daño psicológico en la víctima que implica a su vez lesiones psíquicas agudas producidas por un delito violento (…) y por otro, (…) secuelas emocionales que persisten de forma crónica como consecuencia del daño sufrido que interfieren negativamente en su vida cotidiana (…) las lesiones mas frecuentes son los trastornos adaptativos, el trastorno de estrés postraumático o la descompensación de una personalidad anómala. (fundamentos 32 y 33)

Por tanto, se entiende que en el caso concreto la fiscalía cumplió con acreditar la violación sexual en agravio de la menor.

«UNO DE LOS CUESTIONAMIENTOS MÁS COMPLEJOS QUE REALIZA EL FEMINISMO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ES EL RELATIVO A LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO QUE RECAEN SOBRE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL DURANTE EL PROCESO PENAL».

2. La defensa del imputado y las pruebas de descargo actuadas

Por su parte, a lo largo del proceso, López Meza señaló que mantuvo una relación sentimental con la menor agraviada y, por ende, nunca se configuró acto alguno de violencia sexual.Para demostrar el consentimiento de la menor, el procesado ofreció las declaraciones testimoniales de su cuñada y de un tercero (este último había sido denunciado por la hermana de la víctima por actos de violencia física y psicológica). Asimismo, el procesado ofreció fotografías –sin fecha cierta– en las que aparece junto a la menor en eventos sociales.

La Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima acogió la teoría del caso del procesado y, en consecuencia, dictó sentencia absolutoria por duda razonable en favor de López Meza, la cual fue recurrida, mediante recurso de nulidad, por la representante de la Novena Fiscalía Superior Penal de Lima.

3. Los argumentos de la Corte Suprema

Frente a la nulidad deducida, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República tuvo que evaluar si existía un supuesto de duda razonable o si, por el contrario, concurrían medios probatorios suficientes que erróneamente la Sala Penal Superior no habría valorado al declarar la absolución de López Meza.

Como punto de partida, la Corte Suprema observó que “[e]l Ministerio Público, al formular su recurso [de nulidad], no cuestionó concretamente el motivo de absolución (…) puesto que el trasfondo del debate fue la evaluación del contexto de los hechos, esto es, si hubo o no una relación sentimental y si, en el marco de este vínculo, sus actores mantuvieron relaciones sexuales y procrearon hijos”(fundamento 2.2).

Evaluando el fondo del asunto, la Corte Suprema desarrolló una serie de observaciones sobre el comportamiento de los sujetos procesales luego de la presunta comisión del delito (denominados “comportamientos posdelictivos atípicos”), que procedemos a detallar.

3.1. “Procesado y agraviada concurrieron a registrar a la hija en común”

Conforme consta en la partida de nacimiento, tanto el procesado como la agraviada concurrieron al registro de identidad civil (Reniec) para firmar como declarantes –padre y madre– de la menor que fue concebida a raíz de la presunta violación sexual. Para la Corte Suprema, tal acto:

[N]o es propio de un comportamiento posdelictivo de la violación sexual; sin embargo, tampoco es suficiente para aseverar que no ocurrió la violación sexual que refiere la agraviada, sino que genera el estándar de duda razonable en el juzgador al ser un comportamiento atípico en los casos de violación, dado que el presunto agresor asumió su responsabilidad paternal y la presunta agraviada consintió y acudió junto con el primero a un acto trascendente como es el registro de identidad de un recién nacido. (fundamento 2.3)

Es así que, para la Corte Suprema, los hechos posdelictivos consistentes en el reconocimiento de identidad de una menor procreada como consecuencia de una violación sexual por parte del imputado y el cumplimiento de este de “sus obligaciones paternales”, permiten estimar una duda razonable, “ante la insuficiencia de pruebas de cargo”, aun cuando la fiscalía había presentado la declaración incriminatoria persistente de la menor agraviada y la pericia psicológica, que deba cuenta de los estragos de la violación en perjuicio de su salud mental.

3.2. “Relación de cordialidad entre el pro cesado y la agraviada”

Para la Corte Suprema, las pruebas de descargo –testimoniales y fotografías– corroboraron una “circunstancia contextual posdelictiva” del caso: la relación de cordialidad existente entre procesado y víctima.

[Los testigos] corroboraron una circunstancia de contexto, esto es, que entre el procesado y la agraviada existía una relación sentimental. (…) La citada testigo afirmó únicamente que apreciaba una relación buena entre el procesado y la agraviada y que esta acudía al domicilio del primero en horas de la noche, y se quedaba a conversar hasta altas horas. (fundamento 2.4)

Asimismo, las fotografías ofrecidas, en palabras de la Corte Suprema, “denotan una vinculación entre el procesado y la agraviada en eventos sociales (…) y permiten aseverar que entre ambos concurría una relación de cordialidad, atípica en los casos de violación”.

Por consiguiente, no fue objeto de debate la valoración de las pruebas de cargo, sino el comportamiento contextual posdelictivo, es decir la actitud que tuvo la denunciante hacia el procesado luego de ocurrido el delito. Así, se consideró que la presunción de inocencia del imputado no fue enervada, pese a que el propio Tribunal reconoció que “la versión incriminatoria de la agraviada fue persistente, garantía de certeza que no estuvo en cuestión” (fundamento 2.2) y que “obran en los recaudos las conclusiones de la pericia psicológica practicada a la agraviada que presentan resultados compatibles con un ultraje sexual” (fundamento 2.3).

III. ¿Cómo “debe” comportarse una víctima de violencia sexual para obtener justicia?

1. Estereotipos de género en los procesos por violación sexual

Uno de los cuestionamientos más complejos que realiza el feminismo a la administración de justicia es el relativo a los estereotipos de género que recaen sobre las víctimas de violencia sexual durante el proceso penal.

Si nos ceñimos a la definición realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito del caso González y otras (“Campo Algodonero”) versus México, recaído en la sentencia del 16 de noviembre de 2009, los estereotipos de género son una idea preconcebida de aquellas características sociales atribuidas prescriptivamente a hombres y mujeres y que, generalmente, reflejan la situación de subordinación de estas dentro de la sociedad (Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, 2018, p. 37).

«LOS PROBLEMAS SE PRESENTAN CUANDO DETRÁS DE LA CONDENA O DE LA ABSOLUCIÓN POR DUDA RAZONABLE SE ESCONDE UNA VALORACIÓN JUDICIAL PREJUICIOSA Y ESTEREOTIPADA DE LOS HECHOS, COMO UN SIGNO MÁS DE LA PRECARIEDAD ESTRUCTURAL EN LA QUE ESTÁN SUMIDOS CIERTOS GRUPOS SOCIALES».

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante el “Informe sobre acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas” del 2 de enero de 2007, ya había denunciado
el negativo impacto de los estereotipos de género a las mujeres inmersas en procesos judiciales, donde se descalifica automáticamente su credibilidad y se les otorga responsabilidades tácitas por los hechos de los que en realidad son víctimas, afectando la valoración de las pruebas y generando la inacción por parte de los operadores jurídicos (Díaz, Rodríguez y Valega, 2019, p. 20). Un claro ejemplo de ello es el caso Veliz Franco y otros versus Guatemala, recaído en la sentencia del 19 de mayo de 2014, en donde, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estereotipos de género recaídos sobre la víctima –una menor de quince años desaparecida y, luego, hallada muerta- tuvieron una influencia negativa durante la etapa de investigación, impidiendo el debido proceso (Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, 2018, p. 213).

En el Perú, un caso emblemático sobre la necesidad de erradicar los estereotipos de género en la administración de justicia es el de la joven ayacuchana Arlette Contreras[4], a quien la ciudadanía vio a través de las noticias ser víctima de una salvaje agresión física por parte de su pareja Adriano Pozo para llevarla contra su voluntad a una habitación de hotel en julio del 2015. Aunque el proceso penal fue incoado por tentativa de feminicidio y de violación sexual, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho resolvió imponer un año de pena suspendida contra Adriano Pozo por el delito de lesiones leves, alegando su condición de ebriedad al momento de los hechos como atenuante, y luego fue absuelto en febrero del 2018, en el marco de un nuevo proceso que estuvo plagado de estereotipos de género al momento de la valoración de los hechos. Sobre este caso, coincidimos con Carrasco (2019) cuando señala que, para la Corte Superior,

[L]a ausencia de pedido de ayuda por parte de la víctima [Arlette Contreras] en varias oportunidades específicas, implica que no existió resistencia de su parte por lo cual podría considerarse que habría legitimado la relación sexual. Esta hipótesis y lectura de los hechos refleja la equívoca exigencia de que las mujeres víctimas de violencia sexual deban ejercer resistencia y pedir ayuda como requisito sine qua non para que el caso pueda determinarse como violación sexual, a pesar del peligro que supone para las mujeres enfrentar a su agresor. (…) para el colegiado, no fue suficiente la negativa verbal y expresa. (p. 220)

En aras de implementar paulatinamente una justicia con enfoque de género en el Perú, acorde a los estándares internacionales, la Corte Suprema estableció a través del Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116, del 6 de diciembre de 2011, y en calidad de doctrina legal, el siguiente criterio sobre la apreciación de la prueba en los delitos contra la libertad sexual:

En cuanto a los delitos sexuales, como categoría especial y a partir de sus propias particularidades, es de rechazar para evaluarlos en sede judicial cualquier prejuicio o estereotipo con base en el género que suponga un atentado contra la dignidad de la víctima femenina. Este criterio judicial exige, desde una perspectiva objetiva, que se lleve a cabo una adecuada apreciación y selección de la prueba a fin de neutralizar la posibilidad de que se produzca algún defecto que lesione la dignidad humana y sea fuente de impunidad. (fundamento 8)

Por ejemplo, a la luz de lo estipulado en el citado Acuerdo Plenario, se configura el delito de violación con la realización del agente del acto sexual indeseado, involuntario o no consentido, por lo que “no existe forma en que la resistencia de la víctima se erija en presupuesto material sine qua non para la configuración de este ilícito penal” (fundamento 21). En consecuencia, reprocharle a la víctima de violencia sexual no haber opuesto resistencia frente a la agresión no está jurídicamente permitido.

Más allá de que muchos litigantes y magistrados peruanos tengan reparos en la adopción de la aplicación de la justicia penal con un enfoque de género, lo cierto es que hay sólidos argumentos jurídicos a favor de garantizar los derechos fundamentales a la igualdad y a la debida motivación de las resoluciones judiciales en casos de violencia de género.

2. Tratamiento jurídico de la duda razonable

La Corte Suprema ha desarrollado una línea jurisprudencial coherente –aunque imprecisa[5]– sobre los supuestos en los que corresponde condenar o absolver. Así, para que el juzgador emita una decisión absolutoria debe: i) concluir, de manera fehaciente, sobre la plena irresponsabilidad de la persona a quien se le imputa la comisión de un delito, arribando a dicha certeza a través del material de prueba de descargo acopiado durante el proceso; o ii) en su defecto, cuando de la actividad probatoria surja duda razonable sobre la participación del procesado, en virtud del principio in dubio pro reo; o iii) la actividad probatoria debe ser insuficiente para entrar a un análisis de condena (Recurso de Nulidad N° 816-2010-Lima, del 5 de mayo de 2011, fundamento 3). A su vez, la decisión condenatoria exige que suficientes elementos de prueba hayan acreditado la responsabilidad penal del acusado en forma clara, categórica e indubitable, lo contrario tiene como consecuencia la absolución, en respeto del derecho a la presunción de inocencia que tiene todo acusado conforme al literal “e” del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú (Recurso de Nulidad N° 2473-2011-Lima, del 22 de mayo de 2012, fundamento 3, y Recurso de Nulidad N° 2030-2011-Piura, del 27 de octubre del 2011, fundamento 3).

En esta línea, cabe recordar que la presunción de inocencia es un principio universal consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos internacionales donde se establece que en los procesos penales toda duda debe resolverse a favor del procesado, siempre y cuando no haya modo de eliminarla (Huaroma Vásquez, 2018, p. 53). Por su parte, el legislador peruano, siguiendo el criterio de los citados instrumentos internacionales, ha establecido en el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal que, en caso de duda razonable sobre la responsabilidad penal, debe resolverse a favor del imputado.

Mientras que el criterio para determinar la aplicación de la presunción de inocencia es “objetivo”, al basarse en la existencia de la prueba de cargo o la vulneración de las garantías procesales en la práctica de la prueba, el criterio para determinar la aplicación del principio del in dubio pro reo es “subjetivo”, por cuanto consiste en un estado de duda en la mente del juez al realizar la valoración de la prueba (Bustamante Rúa, 2010, p. 28). Así, “el Ministerio Público solo debe acusar a una persona cuando tiene todas las pruebas de su responsabilidad en el delito que le imputa, y el juez solo debe condenar al imputado cuando su responsabilidad ha sido demostrada más allá de toda duda razonable”
(Higa Silva, 2013, p. 115).

Como señala Higa Silva, el planteamiento de la duda razonable no es sinónimo de la acreditación de la inocencia del acusado porque, pese a que en ciertos casos la hipótesis de la acusación sea más creíble, corresponde absolver si la hipótesis de defensa también es razonable (2013, p. 116). En ese sentido, continúa el citado autor:

Lo que trata de garantizar este derecho [a la presunción de inocencia] es que no se condene a una persona si es que del análisis de los hechos es posible razonablemente que el acusado no haya cometido el delito que se le haya cometido. La carga de la argumentación de la duda razonable se encuentra en el imputado quien tendrá que sustentar que existe otra hipótesis razonable que puede ser explicada por los hechos probados en el proceso. (2013, p. 118)

Los problemas se presentan cuando detrás de la condena o de la absolución por duda razonable se esconde una valoración judicial prejuiciosa y estereotipada de los hechos, como un signo más de la precariedad estructural en la que están sumidos ciertos grupos sociales.

3. El “comportamiento posdelictivo atípico” de la víctima de violencia sexual en el caso

En el Recurso de Nulidad N° 231-2018-Lima, los jueces supremos de la Sala Penal Permanente consideraron que la consecuencia procesal –lógica– de la acreditación de un “comportamiento posdelictivo atípico” de la
víctima de violencia sexual es la absolución del procesado por duda razonable, a pesar de las sólidas pruebas de cargo.

En otras palabras, para la Corte Suprema la hipótesis de que hubo una relación sexual consentida en el marco de un vínculo sentimental sostenido por la menor de 14 años y el acusado López Meza es tan razonable (creíble, legítimo, comprensible, etc.) como la hipótesis incriminatoria de violación sexual en agravio de la menor; aun cuando esta última se basó en la sindicación de la víctima –acorde a los parámetros establecidos por el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116–, y fue corroborada tanto por los resultados de la pericia psicológica que se le practicó como por el hecho de que resultó embarazada por
el acusado.

¿Y esto por qué? Porque la menor de 14 años acudió junto con el procesado a registrar a la hija en común, quien –según resalta la Corte– ejerció la paternidad responsable (“como lo haría un buen padre”), además de la relación de cordialidad existente entre ellos, como se aprecia en las fotos sin fecha y como fue sostenido por los testigos –que no precisaron si la cordialidad se mantuvo luego de la comisión de los hechos denunciados–. “¿Cómo puede portarse de esa manera una víctima con su violador?”, parece haber sido la pregunta que se instaló en la mente de los magistrados al examinar el expediente.

Entonces, ¿cómo debió comportarse N. C. R. (13) para obtener justicia? Siguiendo el criterio valorativo de la Corte Suprema, parece que la credibilidad de la víctima no hubiera sido cuestionada si impedía el ejercicio de la paternidad por parte del procesado, en perjuicio de su propia hija. O si no hubiese sonreído en la foto donde se le ve junto al procesado.

Las acciones u omisiones de la denunciante durante su dinámica social con el procesado fueron valorados según estereotipos de género y no con el estándar establecido por la propia Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116[6], oportunidad en la que los jueces supremos fueron enfáticos al señalar que “la credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrán inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o de un testigo” (fundamento 27), dado que, “por el principio de pertinencia y el derecho constitucional de la víctima a que se proteja su intimidad, indagar respecto a su comportamiento sexual o social, anterior o posterior al evento criminal, deviene en pruebas constitucionalmente inadmisibles” (fundamento 34).

Por supuesto, en el citado acuerdo plenario, los jueces supremos también establecieron que son aceptables “los actos de demostración y de verificación de las circunstancias en que se realizó la agresión sexual imputada”, en respeto a la garantía genérica de defensa procesal y al principio de contradicción que asisten al procesado (fundamento 34); por ello, consideramos conveniente aclarar que, en el presente análisis, no negamos el derecho de defensa de los procesados por violación sexual, nuestra intención es cuestionar cómo una decisión proveniente de las más altas esferas del Poder Judicial puede contemplar una valoración prejuiciosa y estereotipada de las conductas anteriores o posteriores al evento criminal, que tenga como consecuencia que una agresión sexual en agravio de menor de edad quede impune.

Aparte de las críticas ya expuestas a la decisión recaída en el Recurso de Nulidad N° 231-2018-Lima, consideramos importante plantear también las siguientes observaciones dogmáticas (que a cualquiera le generarían “duda razonable”):

Si los jueces supremos consideraron correcto que la acreditación de un “comportamiento posdelictivo atípico” atribuido a la agraviada tiene como consecuencia el dictado de sentencia absolutoria por duda razonable, ¿están reconociendo tácitamente que la valoración del “comportamiento posdelictivo” tiene la potencialidad de desvirtuar –o no– la presunción de inocencia como regla de juicio, esto es, en el marco de la etapa oral del proceso penal? ¿O es que, acaso, el “comportamiento posdelictivo” de los sujetos activos o pasivos no puede ser valorado como un elemento típico del delito, porque su configuración es posterior a la comisión del mismo?

En nuestra opinión, el comportamiento posdelictivo de los sujetos procesales –que no es un elemento típico del delito–, puede ser valorado a efectos de la determinación de la pena, en calidad de circunstancia general
atenuante, de conformidad con los artículos 45, 45-A y 46 del Código Penal.

Ahora bien, en el contexto de los procesos por delito contra la indemnidad sexual, si se comprueba que la menor de 14 años mantuvo relaciones sexuales voluntarias con el acusado, ¿la gravedad del injusto contenido en el artículo 173 del Código Penal decae (y, por tanto, corresponde aplicar una pena inferior a la prevista legalmente)? Llama la atención que a solo tres meses de la decisión recaída en el Recurso de Nulidad N° 231-2018-Lima, las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema, fijasen nuevos criterios jurisprudenciales por medio de la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2018/CIJ-433, expedida el 18 de diciembre de 2018, sobre el alcance de la determinación de la pena del delito de violación sexual en agravio de menores de edad, a través de la cual se dejó sin efecto el carácter vinculante de los criterios establecidos en la Casación N° 335-2015-El Santa, estableciendo como doctrina legal: i) que corresponde al juez penal ser muy riguroso en la determinación e individualización de la pena prevista en el artículo 173 del Código Penal; y ii) que en el delito contra la indemnidad sexual no son aplicables los denominados “factores para la determinación del control de proporcionalidad de la atenuación” porque no se corresponden con las exigencias jurídicas que guían la aplicación, determinación y aplicación de las penas.

EL COMPORTAMIENTO POSDELICTIVO DE LOS SUJETOS PROCESALES –QUE NO ES UN ELEMENTO TÍPICO DEL DELITO– PUEDE SER VALORADO A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA PENA, EN CALIDAD DE CIRCUNSTANCIA GENERAL ATENUANTE, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 45, 45-A Y 46 DEL CÓDIGO PENAL.

IV. Reflexión final

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2019), cada día 9 niñas menores de 14 años acuden al Reniec a recoger el DNI de sus hijos recién nacidos. Y, según el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (2018), las estadísticas muestran que en el Perú miles de niñas se convierten en madres pese a que sus cuerpos no han terminado de desarrollarse y tampoco han alcanzado la madurez intelectual y emocional para afrontar una maternidad producto de violación sexual, lo cual representa un problema de salud pública porque limita el normal desarrollo de la niña y pone en riesgo su salud física y mental, afectando su calidad y proyecto de vida.

Esta realidad, como hemos tratado de exponer en el presente artículo, también representa un problema del sistema de justicia, que sigue perpetuando estereotipos de género al momento de valorar las conductas precedentes, concomitantes y posteriores de las victimas que denuncian violencia sexual. Los estereotipos de género no son máximas de la experiencia.


[*] El presente artículo fue publicado en la revista GACETA PENAL & PROCESAL PENAL N° 119 de MAYO 2019, páginas 77 – 887.

[1] Conformada por los jueces supremos San Martín Castro, Barrios Alvarado, Príncipe Trujillo, Sequeiros Vargas (juez ponente) y Chávez Mella.

[2]La Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial es una instancia creada por el Acuerdo de la Sala Plena N° 141-2016 para institucionalizar el enfoque de género en todos los niveles de la administración de justicia a nivel nacional.

[3] Al día de hoy está vigente la modificación realizada por el artículo 1 de la Ley N° 30838, publicada el 4 de agosto del 2018, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 173. Violación sexual de menor de edad. El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de catorce años, será reprimido con pena de cadena perpetua”.

[4] En setiembre del 2018, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dispuso transferir la competencia del proceso seguido contra Adriano Pozo a la Corte Superior de Lima Norte, que se encargará de resolver la apelación de la sentencia absolutoria.

[5] Como señala Higa Silva, es necesario que la doctrina penal sustantiva y procesal establezca criterios objetivos que permitan evaluar cuándo la hipótesis introducida por el acusado generan –o no– duda razonable y, por lo tanto, sustentan una sentencia absolutoria (2013, p. 119).

[6] En concordancia con la posición de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos –expuesta líneas arriba–, el citado acuerdo plenario estableció como objetivo “evitar innecesarios cuestionamientos de la idoneidad moral de la víctima, los cuales legitimarían una gama de prejuicios de género, orientados a rechazar la imputación penal con base a su comportamiento sexual” (fundamento 36).


Referencias

Bustamante Rúa, M. (2010). La garantía de la presunción de inocencia y el estándar de prueba de más allá de toda duda razonable. Revista de la Maestría en Derecho Procesal de la PUCP 4(1). Lima, pp. 1-38. Recuperado de: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoprocesal/article/view/2396/2347

Carrasco Gil, A. (2019). La aplicación del enfoque de género como límite al principio de imparcialidad en la labor judicial. Gaceta Constitucional (134), pp. 223-231.

Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial (2018). Estándares jurídicos internacionales sobre los derechos de las mujeres. Lima: Poder Judicial. Recuperado de: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect
/768b658044f41bb6a01afa01a4a5d4c4/FINAL_FINAL_FINAL.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=768b658044f41bb6a01afa01a4a5d4c4

Díaz Castillo, I., Rodríguez Vásquez, J. & Valega Chipoco, C. (2019). Feminicidio. Interpretación de un delito de violencia basada en género. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado de: http://departamento.pucp.edu.pe/derecho/wp-content/uploads/2019/02/Libro-Feminicidio.pdf

Higa Silva, C. (2013). “El derecho a la presunción de inocencia desde un punto de vista constitucional”. Derecho y Sociedad (40). Lima, pp. 113-120. Recuperado de: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/
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Huaroma Vásquez, A. M. (2018). “La duda razonable en el proceso penal”. Acta Jurídica Peruana 1(1). Lima, pp. 49-62. Recuperado de: http://revistas.autonoma.edu.pe/index.php/AJP/article/view/62

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Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (2018). Abuso sexual y embarazo en niñas. 30 de mayo de 2018. Recuperado de: https://observatorioviolencia.pe/ninas-embarazadas/


Fuente imagen: Wayka
Escrito por Angela Padilla Trinidad
Artículo publicado en www.radicaleslibres.pe